El sistema educativo contempla un marco legal sustentado en la protección de los derechos, deberes y libertades fundamentales, orientado al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.
Para alcanzar este propósito, la normativa educacional vigente estipula que todo establecimiento que cuente con reconocimiento oficial, debe disponer de un Reglamento Interno que regule las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, considerando para ello medidas preventivas destinadas a garantizar una convivencia basada en el respeto, el buen trato y la participación que contribuyan al bienestar y desarrollo de todos.
En este sentido, se establecen herramientas para la mejora de la convivencia escolar denominados protocolos de actuación, los cuales indican acciones a realizar acorde a las características de la circunstancia de riesgo y/o vulneración, definen los responsables de la activación, proporcionan pautas y criterios objetivos ante situaciones que puedan exponer y/o dañar la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.
